Esta semana, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la FinCEN, acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de ser “engranes vitales” en la cadena financiera del fentanilo. Según Washington, estas instituciones facilitaron transferencias millonarias ligadas a los cárteles mexicanos, incluyendo pagos a empresas chinas que venden precursores químicos.

Como respuesta, la CNBV intervino gerencialmente CIBanco e Intercam, sustituyendo a sus órganos administrativos, aunque dejando fuera a Vector, institución vinculada al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador. Esto ha generado suspicacias en muchos sectores de la prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó: exigió pruebas al Tesoro estadounidense y reiteró que en México no hay impunidad, “pero tampoco se aceptan dichos sin evidencias”.

Pero esta historia no es nueva.

Operación Casablanca

Era el año de 1998 cuando el gobierno de Bill Clinton anunció con bombo y platillo la Operación Casablanca, considerada entonces como el mayor golpe contra el lavado de dinero en bancos mexicanos.

Durante tres años, agentes encubiertos del Servicio de Aduanas de EE.UU. se hicieron pasar por lavadores de dinero. Establecieron contacto con banqueros mexicanos, abrieron cuentas falsas y simularon operaciones para mover dinero del narcotráfico. El objetivo: demostrar que la banca mexicana era un canal activo del narcolavado.

El desenlace fue digno de película: 22 ejecutivos de nivel medio fueron invitados a reuniones y cenas de negocios en California y Las Vegas, bajo el pretexto de discutir nuevas formas de mover dinero.
Algunos incluso fueron llevados a casinos en Las Vegas a “celebrar”… pero al final los esperaban agentes federales. Ahí fueron arrestados.

La operación involucró a 12 bancos mexicanos, incluidos Bancomer, Serfin y Confía, y detectó más de 110 millones de dólares lavados. Se congelaron cuentas, se clausuraron sucursales en EE.UU. y se iniciaron procesos penales contra banqueros. La DEA, el Departamento de Justicia y la Reserva Federal participaron.

Pero México no fue informado. Y eso desató otro escándalo y crisis.

El gobierno de Ernesto Zedillo reaccionó con ambigüedad y tardanza. Aplaudió públicamente, pero luego protestó en privado, al darse cuenta de que el operativo también involucró actividades secretas en territorio mexicano. El descontento llevó a la firma de la Carta de Brownsville, un acuerdo bilateral de colaboración lleno de ambigüedades que intentó cerrar la crisis diplomática.

Para el sistema bancario, Casablanca fue un antes y un después. Desde entonces, se endurecieron los controles internos, no tanto por la regulación mexicana, sino por el miedo a terminar en la cárcel, como lo admitió años después un banquero implicado.

Hoy, con el caso CIBanco–Intercam–Vector, la narrativa vuelve a parecerse:
Estados Unidos acusa, sanciona y actúa unilateralmente.
México exige pruebas, pero reacciona a contratiempo.

El riesgo es doble: por un lado, está la credibilidad del Estado mexicano para fiscalizar su sistema financiero. Por otro, la percepción internacional de si aquí se combate o se tolera el narcolavado.

La gran pregunta es:

¿Esto es un nuevo Casablanca?
¿O una presión política en otro momento de tensión binacional?

Porque si la historia se repite, ya sabemos cómo termina: con detenciones, sanciones, crisis diplomática…
y un sistema financiero sacudido que se repliega, no por convicción, sino por miedo