Daniela Gallegos estuvo a segundos de que su vida terminara para siempre. En 2022, una emergencia médica la dejó en coma profundo. Los médicos del Hospital Presbiteriano de Albuquerque, en Nuevo México, informaron a su familia que no había posibilidad de recuperación. Con el tiempo, la esperanza se diluyó y, tras tres años sin avances, sus seres queridos tomaron la difícil decisión: autorizar la donación de sus órganos para salvar la vida de otros pacientes.
La fecha estaba fijada. El equipo quirúrgico se preparaba para iniciar el procedimiento cuando algo inesperado sucedió: Daniela movió levemente su cuerpo. Un parpadeo, seguido de más movimientos, dejó atónitos a médicos y familiares. El quirófano se tensó al instante.
No todos reaccionaron igual.
Algunos médicos presentes interpretaron los movimientos como signos de actividad neurológica y exigieron suspender la extracción. Otros, vinculados al equipo de procuración de órganos, argumentaron que podían tratarse de simples reflejos involuntarios e incluso propusieron administrarle morfina para reducirlos y continuar con el procedimiento. La discusión fue breve pero intensa: de un lado, la necesidad de actuar rápido para preservar los órganos; del otro, la obligación ética de no proceder sin certeza absoluta.
Finalmente, la postura de detener la cirugía prevaleció. Daniela fue trasladada a cuidados intensivos y, contra todo pronóstico, comenzó a recuperar la conciencia. Hoy, en rehabilitación, dice sentirse “muy afortunada” y confiesa que lo que más le aterra no es haber estado en coma, sino lo cerca que estuvo de no despertar jamás.
La lección para México
Aunque este caso ocurrió en Estados Unidos, sus implicaciones trascienden fronteras. En México, la donación de órganos sigue siendo un tema “verde”: el marco legal es limitado, los protocolos varían entre hospitales y estados, y no existe un sistema nacional unificado que garantice diagnósticos homogéneos y auditables.
Actualmente, la Ley General de Salud contempla la muerte encefálica como criterio para autorizar la donación, pero:
- No establece un protocolo único y obligatorio en todo el país.
- No exige la verificación por parte de médicos independientes al equipo de trasplante.
- Carece de mecanismos de auditoría y transparencia accesibles a la ciudadanía.
- La infraestructura hospitalaria es desigual: mientras algunos centros cuentan con tecnología avanzada, otros carecen de los recursos mínimos para una evaluación exhaustiva.
