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El reciente conjunto de reformas a la Constitución de El Salvador, ratificado por el Congreso, ha generado un intenso debate en la sociedad. Estos cambios incluyen la reelección presidencial indefinida, la ampliación del período presidencial de cinco a seis años y la eliminación de la segunda vuelta electoral.
Con estas modificaciones, el actual presidente Nayib Bukele, quien ejerce su segundo mandato a los 44 años, podría postularse un número ilimitado de veces. Esto ha levantado preocupaciones sobre la estabilidad democrática en el país.
El Tribunal Constitucional de El Salvador, compuesto en gran medida por jueces afines al presidente, declaró en 2021 que la reelección era un derecho humano, lo que respaldó la decisión del mandatario. Sin embargo, tras la aprobación de estas reformas, Bukele no ha comentado sobre la posibilidad de un tercer mandato.
La oposición ha criticado fuertemente estas reformas. Marcela Villatoro, diputada del partido ARENA, declaró: “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, remarcando que el proceso de aprobación fue “burdo y cínico”, sin la debida consulta ciudadana.
La política opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, también ha catalogado la reforma como un “abuso de poder”. Advierte que el camino que está tomando El Salvador se asemeja al de otros países con regímenes autoritarios, como Venezuela. “Empieza con un líder popular y termina en dictadura”, expresó en sus redes sociales.
A pesar de los argumentos a favor de la reforma, muchos críticos señalan que estas medidas podrían comprometer la alternancia en el poder y deteriorar la democracia. Nayib Bukele, quien se reeligió en febrero de 2024 con un 82.8% de los votos, debe su éxito en parte al apoyo de la Corte Suprema, que dictaminó a su favor en cuestiones de reelección, a pesar de la prohibición existente en la Constitución.
A medida que su administración continúa, Bukele sigue siendo una figura divisoria. Aunque ha tenido éxito en reducir la violencia a través de su campaña contra las pandillas, grupos de derechos humanos alertan que miles de personas han sido encarceladas de manera arbitraria, lo que genera preocupaciones sobre el uso del poder estatal.
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Se estima que más de 75,000 personas han sido detenidas bajo las medidas de excepción, que han sido prorrogadas en repetidas ocasiones. Un informe de Amnistía Internacional criticó el “reemplazo gradual de la violencia de las pandillas por la violencia estatal”, subrayando la necesidad urgente de un análisis más profundo sobre el actual estado político de El Salvador.
En este contexto, conviene reflexionar sobre el futuro político del país y la real posibilidad de que la democracia y los derechos humanos sean preservados.
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