En el contexto del escándalo del huachicol fiscal en Tamaulipas, se han generado diversas reacciones políticas. Los opositores han solicitado que se realicen investigaciones en torno al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero Adán Augusto López, miembro de Morena, ha desestimado dichas peticiones.
Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN en el Senado, ha criticado la postura del expresidente López Obrador, especialmente a raíz de la vinculación a proceso penal de diez integrantes de la Secretaría de Marina (Semar). La acusación se centra en su supuesta implicación en una red de contrabando de hidrocarburos que ha operado en Tamaulipas y otros estados del país.
El panista Anaya sostiene que López Obrador debe aclarar si estaba al tanto de las operaciones existentes en el huachicol fiscal, una organización que permitió la introducción de millones de litros de diésel disfrazados como aditivos, resultando en pérdidas significativas para las arcas públicas. Anaya ha solicitado una investigación a fondo, sin posibilidad de exoneración, recordando que el expresidente ha afirmado que ninguna gran corrupción puede ocurrir sin conocimiento del presidente.
La investigación se concentra en el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros nueve marinos, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Las indagaciones sugieren que esta red estuvo activa entre 2024 y 2025 y facilitó la entrada de más de 32 buques cargados de diésel, disfrazado como aditivo, para evadir el pago de impuestos. Las operaciones abarcaron puertos y aduanas en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la estructura de esta red contaba con la complicidad de funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. Se indica que Farías Laguna era responsable de coordinar las acciones y de autorizar los perfiles de las personas involucradas en la red de contrabando.
La acusación ha sido respaldada por testimonios de testigos protegidos y fue reforzada tras el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, quien había advertido sobre la colaboración entre funcionarios y narcotraficantes. Luego de una audiencia que se extendió por más de 18 horas, el juez dictó prisión preventiva para los diez marinos involucrados, mientras que la investigación se ampliará por seis meses más para esclarecer la situación jurídica de los otros detenidos.
Adán Augusto López fue interpelado durante una de las sesiones legislativas, pero al ser cuestionado sobre las investigaciones que se están solicitando en contra de funcionarios de su propio partido, respondió que “tiene confianza en las autoridades”. En cuanto a las críticas de la oposición, sentenció que “pueden irse de rodillas de aquí a la basílica a ver si se les hace el milagro”. Este conflicto continúa acaparando la atención mediática y política en el país.
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