Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en una intensa sesión parlamentaria. Durante el debate, los partidos opositores expresaron su preocupación de que la nueva norma permita el establecimiento de un “Estado policiaco”. En contraste, el bloque mayoritario defendió la ley, especialmente el registro de usuarios de telefonía celular, que estará vinculado a la CURP y datos biométricos, con el argumento de combatir delitos de alto impacto.
Los momentos más dramáticos del debate incluyeron la colocación de un ataúd blanco por parte del grupo parlamentario del PRI, que llevaba la inscripción “Murió la libertad”. Esta acción fue criticada por el PT, que la calificó de “esquema de mercadotecnia política” y un “show” mediático. Los priístas, a modo de protesta, llevaron el ataúd al vestíbulo de la cámara, donde ofrecieron una conferencia de prensa.
El análisis de la minuta, que no pasó por las comisiones pertinentes, prolongó el debate por casi diez horas. Más de 70 oradores expusieron un total de 277 reservas, las cuales no fueron aceptadas. Finalmente, el proyecto fue aprobado con 343 votos a favor de Morena y sus aliados, y 129 en contra provenientes del PRI, PAN y MC, este último con posturas divididas durante la votación.
Durante la discusión, Rubén Moreira, del PRI, destacó la contradicción entre el artículo 76 de la Constitución y la reforma, señalando que se estaban aprobando leyes reglamentarias sin el debido sustento constitucional. Moreira expresó su preocupación de que, con esta reforma, se estuviera construyendo un Estado totalitario que permitiría el espionaje sin autorización judicial.
Luis Gerardo Sánchez, también del PRI, criticó a MC por su apoyo al proyecto en términos generales, y cuestionó su lealtad al señalar que el partido “se enamoró del secuestrador”. En su intervención, también mencionó que esta situación está preparando el terreno para una dictadura en México, argumentando que hoy se sufrió un golpe a la libertad de expresión.
Por el lado del PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández cuestionó la disposición de la nueva ley que obliga a los comunicadores a distinguir entre información y opinión. A pesar de reconocer que hubo alguna mejora respecto al dictamen original, advirtió que aún no se garantiza la libertad de expresión absolutas para todos los medios de comunicación.
En respuesta, el diputado del PT, Luis Enrique Martínez, defendió las modificaciones propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que son necesarias para regular el sector y prevenir los abusos de empresas monopólicas. Además, enfatizó que la intervención en las comunicaciones de los ciudadanos solo podrá llevarse a cabo con un mandato judicial, desmintiendo así las acusaciones de espionaje político.
Tras su aprobación, la nueva ley, que sustituye a la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, será enviada al Ejecutivo para su publicación, marcando un cambio significativo en el panorama de las telecomunicaciones en México.
