Lo que empezó como una conversación en TikTok sobre un suero terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre impuestos, salud pública y dinero.
El caso de Electrolit, la bebida rehidratante mexicana, destapó una vieja pregunta: ¿el IEPS realmente busca cuidar la salud o solo recaudar más?
De las farmacias a las redes: el origen del escándalo
A principios de octubre, el tema de los electrolitos orales saltó de los estantes de farmacia a las redes sociales.
De pronto, decenas de influencers, médicos y comediantes comenzaron a hablar de Electrolit, acusando a la marca de “evadir impuestos” al estar registrada como medicamento y no como bebida azucarada.
La diferencia no es menor: al estar clasificado como medicamento, Electrolit no paga IVA, no tiene sellos de advertencia y está exento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que sí pagan refrescos y bebidas saborizadas.
Pero la polémica escaló cuando el influencer Mr. Doctor aseguró que le habían ofrecido dinero para hablar mal de la marca, sugiriendo una campaña pagada para impulsar el tema justo en el momento en que el gobierno propone aumentar el IEPS.
La propuesta del gobierno: más impuestos, más salud (en teoría)
En el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda planteó duplicar el IEPS a bebidas azucaradas:
de 1.64 pesos por litro en 2025 a 3.08 pesos en 2026, un aumento de casi 90 %.
El gobierno argumenta que el objetivo es doble:
- Reducir el consumo de productos con alto contenido de azúcar, y
- Recaudar recursos para programas de salud pública.
Además, el cambio incluiría a las bebidas con edulcorantes no calóricos —las llamadas “light” o “sin azúcar”—, que hoy no pagan IEPS.
La industria respondió de inmediato: gravar productos sin azúcar, aseguran, no tiene justificación sanitaria y contradice los esfuerzos por ofrecer versiones menos dañinas.
Un impuesto con propósito extrafiscal… que no se cumple
El IEPS existe desde hace décadas.
Se aplica a productos con efectos negativos en la salud o el medio ambiente: alcohol, tabaco, combustibles y, desde 2014, bebidas azucaradas.
Su naturaleza es extrafiscal: busca modificar conductas, no solo recaudar dinero.
En teoría, encarecer un producto dañino debería desincentivar su consumo y financiar programas de salud.
Pero en la práctica, eso no ocurre en México.
Por ley, los impuestos no pueden etiquetarse: lo recaudado va al Tesoro de la Federación, sin un destino específico.
Es decir, aunque se diga que el IEPS “ayuda a la salud”, el dinero no se usa necesariamente para ese fin.
Así, el impuesto opera bajo una contradicción: se justifica con argumentos de salud pública, pero funciona como un instrumento recaudatorio.
La contradicción final
Si el gobierno grava también las bebidas sin azúcar o con edulcorantes, el IEPS pierde sentido en ambos frentes.
No reduce hábitos dañinos —porque estas versiones ya son menos calóricas—
y tampoco financia directamente programas de salud, porque esos recursos no están etiquetados.
El mensaje termina siendo ambiguo:
por un lado, se promueven alternativas más saludables;
por otro, se les castiga fiscalmente igual que a las bebidas con azúcar.
En medio del ruido digital y los intereses cruzados, el caso Electrolit dejó algo claro:
en México, los impuestos a la salud siguen recaudando más discurso que resultados.
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