Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, está muy cerca de recuperar su libertad.
Tras cumplir más del 95 % de su condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, un juez federal decidirá este 19 de noviembre si le concede la libertad anticipada.
Duarte, quien fue una de las figuras más representativas del llamado “nuevo PRI”, fue condenado en 2018 tras declararse culpable de desviar recursos públicos mediante una red de empresas fantasma y operaciones ilícitas con fondos estatales.
De acuerdo con su defensa, al exmandatario le restan solo cinco meses de sentencia y no enfrenta actualmente ningún otro proceso judicial en curso, lo que legalmente le permite solicitar su salida anticipada.
El ascenso y caída de un “nuevo PRI”
Todo comenzó en 2010, cuando Duarte, entonces considerado uno de los rostros jóvenes y modernizadores del PRI, asumió la gubernatura de Veracruz con el respaldo de Enrique Peña Nieto y del entonces dirigente nacional César Duarte.
Su administración prometía transparencia y desarrollo.
Sin embargo, pocos años después, su nombre se volvió sinónimo de corrupción institucional.
El punto de quiebre llegó gracias al periodismo de investigación.
En 2016, reportajes publicados por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelaron un entramado de empresas fantasma usadas para desviar miles de millones de pesos de fondos públicos destinados a programas sociales.
Las denuncias llevaron a la Secretaría de Hacienda a presentar una querella penal, y poco después se giró una orden de aprehensión en su contra.
La fuga y la captura
El 12 de octubre de 2016, Duarte pidió licencia como gobernador alegando que se separaba del cargo para “enfrentar las acusaciones”.
En realidad, huyó del país.
Seis meses después, el 15 de abril de 2017, fue detenido en Guatemala con un pasaporte falso bajo el nombre “Alex Huerta”.
Las imágenes de su captura —con bigote, camisa azul y chaleco negro, escoltado por Interpol— recorrieron el país y simbolizaron el derrumbe del PRI en pleno sexenio de Peña Nieto.
Fue extraditado a México y recluido en el Reclusorio Norte, donde permanece hasta hoy.
La sentencia y la polémica
En septiembre de 2018, Duarte aceptó declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
A cambio, se le impuso una pena reducida de nueve años de prisión, en lugar de enfrentar un juicio por delincuencia organizada, delito con penas mucho más altas.
El caso ha sido duramente criticado por especialistas y víctimas, pues el acuerdo con la PGR permitió una condena mínima sin reparación del daño, ni esclarecimiento total de los desvíos multimillonarios.
En paralelo, Duarte enfrentó otros procesos, incluido uno por desaparición forzada, pero la Fiscalía de Veracruz no logró acreditarlo ante los tribunales, lo que allanó el camino para su eventual liberación.
Un símbolo de impunidad… o de justicia incompleta
A casi una década de su caída, el caso Duarte sigue siendo una herida abierta en la política mexicana.
Representa tanto el auge y desplome del viejo sistema priista como los límites del combate a la corrupción.
Su inminente salida de prisión deja más preguntas que respuestas:
¿Qué tanto cambió realmente la justicia en México desde entonces?
¿Y qué mensaje envía un sistema que deja libre a uno de los gobernadores más señalados por corrupción en la historia reciente?
Porque, al final, si Javier Duarte está a punto de salir,
es también gracias a algo que no cambió:
un sistema judicial que sigue premiando los acuerdos antes que la verdad.
