Tras semanas de polémica, este sábado 15 de noviembre ocurrió la movilización que se viralizó como “Generación Z México”. Aunque ya había habido una marcha el 8 de noviembre, esta segunda convocatoria reunió a muchas más personas gracias a su presencia en redes.

    En la CDMX, la marcha salió del Ángel a las 11 de la mañana rumbo al Zócalo, que amaneció blindado con vallas de hasta tres metros alrededor de Palacio Nacional.

    Durante semanas, la convocatoria estuvo rodeada de controversia.
    El colectivo “Generación Z” asegura que no responde a ningún partido; sin embargo, el Gobierno federal sostiene que el movimiento es inorgánico y que fue impulsado por cuentas falsas y sectores de la derecha. La presencia activa de figuras opositoras —Vicente Fox, Lilly Téllez, “Alito” Moreno, entre otros— alimentó el debate.

    Y hay que decirlo con claridad: sí hubo jóvenes de la llamada Generación Z. Muchos portaron sombreros de paja y la bandera de One Piece. Pero la marcha no fue exclusivamente juvenil. La mayoría de asistentes fueron adultos de distintas edades convocados por la oposición. Aun así, eso no la hace menos legítima. Miles de personas salieron a mostrar su inconformidad, y todo gobierno democrático debe escuchar.

    Lo que sí es una duda válida es qué tanto esta movilización representó realmente una expresión genuina de la juventud y qué tanto fue aprovechada por otros intereses.

    Porque razones para marchar, las juventudes tienen muchas.
    Mientras algunos protestan, otros jóvenes viven el extremo contrario: reclutamiento criminal, precariedad y falta de oportunidades. Casos recientes, como el asesinato del alcalde Carlos Manzo —cuyo atacante tenía 17 años— muestran la vulnerabilidad extrema que viven miles de adolescentes.

    En cuanto al desarrollo de la marcha, nuevamente aparecieron grupos de choque.
    Según cifras del Gobierno capitalino, 17 mil personas participaron. La mayoría se manifestó pacíficamente hasta que un grupo de encapuchados comenzó agresiones cerca de Palacio Nacional y la Suprema Corte. Hubo enfrentamientos con policías, 40 detenidos y 120 lesionados —100 policías y 20 civiles—.

    Aunque las autoridades aseguran haber actuado solo para contener, también hay imágenes de abusos policíacos. Incluso un reportero de La Jornada fue agredido y despojado de sus pertenencias por elementos policiacos.

    Tras los hechos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la violencia y cuestionó si este será el camino que tomará la oposición para incidir en la vida política del país.

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