Por María Julia Castañeda |

    Ciudad de México (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México ha dado un paso hacia la regulación del cannabis al crear espacios de consumo tolerado. Sin embargo, los colectivos cannábicos aún enfrentan incertidumbre y preocupaciones por los vacíos legales que continúan alimentando la criminalización por parte de las fuerzas policiales, incluso en estos ‘paraísos 4:20’, donde la comunidad se reúne para disfrutar de la marihuana.

    Incidentes en Espacios Autorizados

    A tan solo dos días de la apertura de uno de estos espacios en la Plaza de la Concepción, un incidente significativo ocurrió. Según la activista Norma de la colectiva Hijas de la Cannabis, dos policías abordaron de manera violenta a un consumidor que se preparaba para irse. Este episodio tuvo lugar a las 20:20 horas, un tiempo que violaba el horario estipulado, ya que estos espacios están autorizados para operar solo entre las 8:00 y las 20:00.

    Criminalización Persistente

    El actuar policial no concluyó sin la intervención de la colectiva, que se ha acostumbrado a respaldar a los consumidores ante estos incidentes. Norma subraya que, a pesar de que el Gobierno considera estos lugares ‘seguros’, la comunidad sigue sintiendo el miedo y la inseguridad provocados por la presencia constante de cuerpos policiacos que criminalizan el consumo.

    Protestas y Regulación

    Previamente a la creación de estos espacios, la capital había sido escenario de varios ‘puntos de protesta’. Estos fueron impulsados por los colectivos en respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de la marihuana para fines recreativos en 2021 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque algunos de estos campamentos se mantienen, otros han sido reubicados debido a las regulaciones temporales.

    Demandas de Derechos Humanos

    Una de las consignas vistas en los campamentos es “Derechos humanos para los marihuanos”. Para Popeye, miembro del colectivo Comuna 4:20, la reubicación de campamentos está relacionada con una ‘limpieza urbana’ que se anticipa para el Mundial de 2026. A pesar de esto, da la bienvenida a la creación de espacios regulados, donde se prohíbe la venta y se permite el intercambio de información relacionada con el uso del cannabis.

    Legislación Necesaria

    A pesar de los avances, Popeye insiste en la urgencia de contar con una legislación que garantice los “derechos humanos” de los consumidores. Actualmente, la Ley General de Salud clasifica la marihuana como una sustancia prohibida, exceptuando su uso médico y científico. Esta falta de legislación específica para el consumo recreativo contribuye a la estigmatización y la violencia hacia los usuarios.

    Integración Comunitaria

    Los nuevos espacios ‘4:20’ también cuentan con la presencia de personal gubernamental que asesora sobre cómo tramitar un amparo para el autocultivo y autoconsumo de cannabis lúdico. A pesar de las protestas vecinales que surgieron inicialmente por preocupaciones de inseguridad, algunos residentes, como Moisés San Juan de 75 años, abogan por una regulación que permita una integración gradual de la comunidad cannábica en la vida urbana.

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