TRASCENDIÓ…

    Que detrás de la llamada “segunda marcha contra la gentrificación”, convocada para este domingo 20 de julio, se estarían moviendo intereses oscuros operados por cuadros panistas de Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, con la intención de infiltrar colectivos y provocar desmanes bajo la fachada de protesta social.

    Fuentes cercanas al gabinete capitalino y áreas de inteligencia señalan que se ha detectado una estrategia articulada para generar violencia y golpeteo mediático, especialmente en zonas donde el PAN ha perdido terreno político, pero mantiene intereses inmobiliarios activos y encubiertos.

    La ruta de la marcha —del Metrobús Fuentes Brotantes al Caminero, en Tlalpan— no es casualidad. Se sabe que operadores opositores han mantenido contacto con grupos de Santa Úrsula Xitla y Fuentes Brotantes, con la intención de generar confrontaciones o ataques a puntos simbólicos de inversión y espacio público como contra Patio Tlalpan, Plaza La Joya o incluso el Restaurante Arroyo.

    El modus operandi es claro: utilizar el discurso legítimo contra la gentrificación como fachada para activar el “bloque negro”, generar caos y responsabilizar al gobierno de represión, justo en un contexto donde se discuten políticas de vivienda progresistas y recuperación del espacio público.

    No es la primera vez. En la marcha anterior del 4 de julio, los daños a comercios de la Roma y Condesa ya alertaron sobre la presencia de estos infiltrados. Por eso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ordenó aplicar un protocolo especial de contención y observación preventiva, con presencia de la Comisión de Derechos Humanos y una célula policial que solo intervendrá en caso de violencia.

    “El objetivo es claro: sabotear, reventar y sembrar miedo, mientras se protege a los verdaderos responsables detrás del telón”, dijo una fuente del primer círculo de gobierno. Y agregó: “hay evidencia de financiamiento irregular a colectivos radicales desde despachos vinculados al panismo inmobiliario”.

    ¿Estamos ante una protesta o una operación política encubierta?

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