Imagina esta escena: Una persona llega a su casa y encuentra la chapa cambiada. Adentro hay desconocidos que aseguran tener escrituras “legítimas” y un acta notariada que nadie reconoce. Dicen que el propietario “vendió” el inmueble.
Cuando la víctima intenta denunciar, el agente del Ministerio Público le pide “arreglarlo en lo civil”, mientras los ocupantes se mantienen dentro. Días después, aparecen más personas, algunos armados. El dueño, sin pruebas ni apoyo institucional, queda fuera de su propia vivienda.
Ese es el modus operandi más común del despojo en la Ciudad de México: documentos falsos, simulación de actos jurídicos, violencia, complicidad de funcionarios y años de retraso judicial.
Y es justamente ese fenómeno —que afecta a miles de familias cada año— lo que llevó al Congreso capitalino a aprobar una de las reformas más severas de los últimos años.
CDMX aprueba penas de hasta 11 años de prisión por despojo; serán mayores si se comete contra personas vulnerables
El Congreso de la Ciudad de México aprobó aumentar las penas por el delito de despojo:
- La pena mínima pasa de 5 a 6 años de prisión.
- La máxima sube de 10 a 11 años.
- Además, se fija una multa de hasta 200,000 UMAs para quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral.
Cuando el despojo se cometa contra personas mayores de 60 años, menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o integrantes de pueblos indígenas, la pena será todavía mayor:
de 7 a 11 años, pudiendo duplicarse hasta 22 años en casos agravados.
La reforma también reconoce nuevas formas de comisión:
- Simulación de actos jurídicos.
- Suplantación de identidad.
- Ocupar un inmueble aun después de haber sido requerido por la autoridad para dejarlo.
Las iniciativas fueron presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte del fortalecimiento contra redes de despojo que operan en la capital desde hace años.
Un delito en expansión: casi 20 mil carpetas en seis años
Entre 2019 y 2024 se han abierto 19,992 carpetas de investigación por despojo en la capital —un promedio de 9 casos diarios— según datos de la Fiscalía General de Justicia.
Las alcaldías con más casos son:
- Iztapalapa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
Las modalidades más frecuentes son:
- Documentos notariales falsos
- Simulación de compraventas
- Fraude procesal
- Actuarios que validan emplazamientos falsos
- Usufructo ilegítimo por ausencia de dueño claro
- Grupos violentos que ingresan por la fuerza
En varios expedientes, revisados por medios y abogados, han aparecido involucrados notarios, actuarios, redes criminales y organizaciones civiles que se presentan como promotoras de vivienda.
¿Qué está haciendo el gobierno capitalino?
Desde el 29 de julio, el Gabinete de Previsión y Atención contra Despojos ha atendido más de 2,600 casos.
De estos:
- 200 están en ejecución
- 50 inmuebles ya fueron asegurados y restituidos a sus dueños
Aun así, la dimensión del problema es enorme: solo entre 2019 y 2023, la Fiscalía aseguró 1,007 inmuebles y restituyó 432… pero en ese mismo periodo se abrieron 16,349 expedientes.
Apenas 2.6 % concluyó.
Un delito que golpea a miles —y que por fin tendrá consecuencias más severas
La reforma busca cerrar la puerta a prácticas que llevan más de una década afectando a familias, adultos mayores, personas en situación vulnerable y pequeños propietarios.
También busca frenar el uso del despojo por parte de grupos criminales, que han encontrado en esta actividad un negocio rentable y de bajo riesgo.
Con las nuevas penas, la simulación de documentos, la suplantación de identidad y la ocupación violenta dejan de ser “vacíos legales” y se convierten en delitos con cárcel efectiva.
El reto ahora será otro: no solo tener leyes más duras, sino que las autoridades realmente las apliquen.
