Las recientes protestas de piperos en Tlalpan exhiben el desmantelamiento de una red económica que operó durante la pasada administración local. Entre 2021 y 2024, el número de pipas aumentó más de 50% sin justificación técnica ni social, alimentando un negocio privado con recursos públicos.
Un programa social convertido en negocio
El sistema de distribución de agua mediante pipas en Tlalpan nació como una medida emergente para apoyar a las zonas altas de la demarcación, donde el suministro por red del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA) es irregular.
Su objetivo era claro: garantizar agua gratuita o subsidiada para familias registradas en situación de vulnerabilidad.
Durante el gobierno encabezado por Alfa González, emanado de la alianza PRD–PRI–PAN, ese programa se transformó en una red de negocios privados, con la venta de permisos, manipulación del padrón de beneficiarios y cobros irregulares por viajes que nunca se realizaban.
Cómo operaba la red de pipas
De acuerdo con información revisada por autoridades actuales, la estructura funcionaba con varios mecanismos de corrupción:
- Venta de “números económicos”: los permisos que acreditan a una pipa para operar dentro del programa se vendían por entre 50 y 100 mil pesos.
- Beneficiarios falsos o duplicados: se simulaban entregas de agua a domicilios inexistentes o repetidos, mientras los recursos eran cobrados como si los servicios se hubieran realizado.
- Viajes fantasma y boletos falsos: se registraban recorridos inexistentes para justificar pagos de combustible y subsidios.
- Venta de agua subsidiada: pipas destinadas a colonias con desabasto entregaban agua a negocios privados, hoteles y restaurantes.
- Cobro de rentas internas: agrupaciones exigían cuotas mensuales a operadores para conservar su permiso de operación.
Esta red, según los registros oficiales, se fortaleció en los últimos años de la administración 2021–2024, particularmente a partir de la intervención de la entonces Jefa de Unidad Departamental (JUD) Norma Salazar, señalada por avalar la entrega de números económicos a cambio de pagos.
Crecimiento sin control
Entre 2021 y 2024, el número de pipas en el padrón de la Alcaldía creció 52%, al pasar de 211 unidades a 332.
El aumento más drástico ocurrió tras las elecciones de julio de 2024, cuando se incorporaron 70 nuevas pipas y siete agrupaciones adicionales, muchas sin justificación técnica ni estudios de necesidad.
Este crecimiento desmedido generó una sobreoferta artificial, colapsó las garzas de carga y desató una competencia interna por los viajes, mientras la demanda real de agua permanecía estable.
Caos y deterioro del servicio
Con más de 330 unidades registradas y una capacidad de carga de apenas 500 viajes diarios, el sistema se volvió insostenible. Las largas filas de pipas provocaban tráfico y accidentes, mientras muchas unidades circulaban sin mantenimiento ni control.
El programa, que debía garantizar un derecho básico, terminó funcionando como un mercado informal del agua, donde cada viaje, cada permiso y cada litro tenían un precio.
El reordenamiento y la resistencia
Desde el cambio de administración, la Alcaldía emprendió un proceso de limpieza y reestructuración del programa de pipas.
Entre las principales acciones destacan:
- Depuración del padrón de pipas y beneficiarios.
- Rotulación obligatoria de todas las unidades con número de denuncia y la leyenda “Servicio Exclusivo Tlalpan”.
- Sanciones inmediatas a quienes vendan agua a particulares o incumplan rutas sociales.
- Revisión técnica y retiro de pipas irregulares o con permisos cuestionables.
- Coordinación con SEGIAGUA para fortalecer la red hidráulica y reducir la dependencia del sistema.
Estas medidas han reducido significativamente las irregularidades y eliminado los viajes duplicados.
Sin embargo, también afectaron los intereses económicos de las agrupaciones que se beneficiaban del modelo anterior, lo que desencadenó las protestas recientes en Tlalpan y Periférico.
Las protestas: el fin de un negocio
Las movilizaciones de esta semana no obedecen a un problema de abasto, sino a la pérdida de un esquema de ganancias privadas. Con los nuevos controles, la simulación de viajes se volvió inviable y las ganancias irregulares desaparecieron.
Fuentes confirman que el abasto a la ciudadanía se mantiene sin afectaciones, y que los tiempos de entrega son los normales.
En la práctica, el conflicto actual refleja el choque entre un modelo de corrupción arraigada y una política de orden y transparencia que busca devolver al agua su carácter público y social.
El caso Tlalpan muestra cómo un programa de emergencia puede ser capturado por redes clientelares y económicas, transformándose en una privatización informal del agua pública.
Durante años, el sistema de pipas sirvió como plataforma de control político y negocio particular.
El reto actual es garantizar que el agua deje de circular como mercancía y vuelva a fluir como un derecho humano, libre de intermediarios y corrupción.
