El saldo: 94 policías y 29 civiles lesionados, daños por más de 21 millones de pesos y un debate pendiente sobre el uso de la fuerza.
Ciudad de México.– Lo que comenzó como una jornada para recordar a las víctimas de la masacre de Tlatelolco terminó en violencia y pérdidas millonarias. La marcha del 2 de octubre en el Centro Histórico de la capital dejó 94 policías lesionados, 29 civiles heridos, un detenido por saqueo y daños económicos superiores a los 21 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 78 de los 94 policías lesionados ya fueron dados de alta, mientras 16 permanecen en observación y tres se encuentran en estado delicado. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su solidaridad con los heridos y anunció un bono de compensación para los elementos que enfrentaron las agresiones.
“Reconozco la valentía de las y los policías que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime; nuestra policía construye paz”, afirmó Brugada.
Violencia y caos en el Centro Histórico
La marcha —que reunió a estudiantes, colectivos y sobrevivientes del 68— se tornó violenta al llegar al Zócalo, cuando integrantes del bloque negro comenzaron a lanzar petardos, piedras y objetos incendiarios contra los uniformados. En respuesta, la policía utilizó extintores y equipo de protección personal, sin armas de fuego ni gases lacrimógenos, según la SSC.
El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, explicó que 1,500 policías fueron desplegados, pero reconoció que alrededor de 350 encapuchados participaron en agresiones a negocios y uniformados, incluso incendiando a un policía en las piernas y saqueando joyerías y tiendas como Bodega Aurrerá y 3B.
La violencia opacó los discursos del Comité 68, que debieron interrumpirse debido a los disturbios.
Pérdidas millonarias para el comercio
El impacto económico también fue severo. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de Méxicoreportó que 3,442 negocios cerraron de manera anticipada, lo que representó pérdidas de ventas por más de 16.7 millones de pesos, además de daños materiales superiores a 4.3 millones de pesos por saqueos y destrozos en inmuebles.
“Es inaceptable que un evento de memoria y reflexión haya sido opacado por grupos de vándalos. La escasa presencia policial y la respuesta tardía permitieron que los disturbios crecieran. Esto afecta la seguridad ciudadana y la reputación de la capital”, señaló la Canaco.
El organismo hizo un llamado urgente a las autoridades para revisar los protocolos de actuación y acabar con la impunidad para los responsables de la violencia.
Policías: entre la desprotección y el desgaste
El saldo de 94 policías lesionados y un agente quemado evidenció la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad en estas marchas. Aunque contaban con casco, escudo, rodilleras y coderas, muchos enfrentaron ataques con objetos incendiarios sin equipo especializado adicional.
En redes sociales y medios se reavivó el debate sobre si los policías son enviados “como carne de cañón” para contener disturbios sin el respaldo táctico y jurídico necesario.
El vacío en los protocolos de uso de la fuerza
El episodio también volvió a poner bajo la lupa el uso de la fuerza policial en México. Desde 2019 existe la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que establece una escalada gradual —de la persuasión verbal hasta el uso letal— y obliga a reportar cada intervención, pero en la práctica esta normativa rara vez se cumple.
Investigaciones de Causa en Común muestran que solo 11 policías estatales cuentan con protocolos formales y apenas la CDMX e Hidalgo tienen manuales de técnicas específicas. La falta de capacitación continua, supervisión y equipo no letal hace que los elementos actúen con improvisación y queden expuestos tanto a agresiones como a acusaciones de abuso.
En el caso de la marcha, la SSC aseguró que se actuó sin uso de armas de fuego ni gases, pero los disturbios mostraron los límites de los cuerpos policiacos para contener a grupos violentos sin herramientas suficientes.
Un dilema abierto: protestas, seguridad y derechos
Los hechos del 2 de octubre abrieron nuevamente el debate sobre cómo garantizar el derecho a la protesta sin dejar desprotegidos a comerciantes, policías y ciudadanos.
Los comerciantes exigen mayor control y sanciones para los responsables de los disturbios; los defensores de derechos humanos insisten en preservar el carácter pacífico de las manifestaciones; y los policías demandan capacitación, respaldo legal y equipo adecuado para intervenir sin poner en riesgo su integridad.
Más allá de los discursos, los disturbios del 2 de octubre muestran que ni la memoria histórica ni el derecho a la manifestación deben ser pretexto para la violencia, y que sin protocolos claros, las protestas seguirán derivando en daños humanos y económicos difíciles de justificar.
