Primero fue la gasolina.
Luego, el gas.
Y ahora, el agua.
El robo y la venta ilegal de agua —conocido ya como huachicol de agua— se ha convertido en una nueva industria clandestina que opera en el Estado de México.
A través de pozos perforados ilegalmente, tomas clandestinas y redes de distribución controladas por organizaciones, el líquido se extrae, se revende sin potabilizar… y hasta 60% más caro que el precio oficial.
El operativo que destapó el negocio
El pasado fin de semana, la Fiscalía del Estado de México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, desplegó un amplio operativo en 48 municipios.
La acción, llamada “Operación Caudal”, buscó desmantelar las redes dedicadas a la sustracción y venta ilegal de agua.
El saldo:
- 51 pozos intervenidos,
- 138 tomas clandestinas,
- 322 pipas aseguradas,
- 37 vehículos incautados,
- y 7 personas detenidas en flagrancia robando agua.
Según la fiscalía, la estructura delictiva detrás de este negocio funciona como un sistema paralelo de distribución, con ganancias millonarias y complicidades locales.
Tres formas de robar agua
Las autoridades identificaron tres métodos principales usados por los grupos de huachicoleros:
- Pozos clandestinos: perforados sin permisos, de donde se extrae agua “cruda”. Le agregan cloro y la venden como si fuera potable.
- Pozos con permisos domésticos: concesiones legales que los grupos “sobreexplotan”, sacando pipas de agua constantemente para revender.
- Pinchazos a la red pública: el método más parecido al huachicol tradicional. Conectan tuberías ilegales a los ductos oficiales y extraen el líquido sin control.
El agua obtenida de cualquiera de estas fuentes no está potabilizada, lo que representa un riesgo sanitario para miles de familias que la consumen.
Negocio redondo, agua sucia
De acuerdo con la fiscalía mexiquense, una pipa legal de 10 mil litros cuesta 1,131 pesos.
Pero en municipios como Ecatepec, se llega a vender en 1,800 pesos; en Cuautitlán, el sobreprecio es del 41%; y en Tlalnepantla, del 32%.
“El margen es altísimo, porque todo lo que ganan es limpio. No pagan permisos, ni potabilizan, ni reportan consumo. Es ganancia pura con agua robada”, explicaron las autoridades.
Además, los grupos criminales obligaban a los consumidores a comprar solo a pipas identificadas con sus logotipos, controlando así el mercado.
Sindicatos, organizaciones… y autoridades
En su comunicado, la fiscalía señaló que detrás de la red operan organizaciones sociales con fachada de sindicatos:
la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Mayo, 22 de Octubre y Chokiza, además de comisariados ejidales y funcionarios locales.
Estas agrupaciones, afirmaron, acaparaban el agua y la distribuían con pipas sin permisos, incluyendo trailers tipo “salchicha” usados para transportar grandes volúmenes.
Bloqueos y protestas
Tras el operativo, más de 200 transportistas y trabajadores de purificadoras bloquearon vialidades en la Ciudad y el Estado de México.
Aseguraron que el operativo los dejó sin trabajo y que ellos solo transportan el agua, sin participar en ningún delito.
Pero la fiscalía recordó que desde 2019, el robo y distribución ilegal de agua ya es delito penal, con penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta 52 días de salario mínimo.
“Si un pipero distribuye agua extraída de manera irregular, también comete un delito”, advirtió la autoridad.
El trasfondo: crisis hídrica y corrupción local
El caso revela más que una red criminal:
expone cómo la escasez de agua, la corrupción y la falta de vigilancia han creado un mercado negro del agua en el Estado de México.
Mientras los gobiernos locales enfrentan presiones por la crisis hídrica, las redes de huachicoleros llenan el vacío y lucran con un recurso que debería ser un derecho.
La llamada “Operación Caudal” apenas abre una puerta: la del tráfico de agua en un país que se seca,
y donde, como en el huachicol de gasolina, el negocio florece con complicidades desde dentro.
