Desde Chetumal, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que ha recibido un nuevo informe sobre las revelaciones de autoridades estadounidenses. Según los datos, dos empresarios mexicanos habrían estado involucrados en una serie de presuntos sobornos a funcionarios de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sheinbaum Pardo indicó que la información recabada hasta ahora ha permitido identificar a tres posibles funcionarios que habrían recibido estos pagos a través de contratos. Sin embargo, aseguró que “no se concretaron” durante la gestión de Octavio Romero Oropeza entre 2018 y 2021. “Tenemos más información (…). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo”, explicó durante “La Mañanera del Pueblo”.
La presidenta también destacó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro Sánchez, será la encargada de proporcionar mayores detalles sobre las investigaciones que ha realizado su administración hasta el momento.
Además, Sheinbaum confirmó que estos actos de corrupción fueron detectados durante la administración del ingeniero agrónomo en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, residentes permanentes en Estados Unidos, han sido señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por supuestos sobornos a funcionarios de Pemex y su filial PEP (Exploración y Producción) entre 2019 y 2021.
Se les acusa de haber entregado alrededor de 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo, que incluyen relojes Hublot y bolsos Louis Vuitton, a cambio de contratos favorecidos por un monto de al menos 2.5 millones de dólares. Rovirosa, fundador y director de Roma Energy, ha estado vinculado a otras empresas en México, donde obtuvo contratos millonarios de Pemex.
Por su parte, Ávila, de 61 años, es exsubdirector de Pemex Exploración y Producción y político del Partido Acción Nacional (PAN). Involucrado previamente en un escándalo de facturas falsas con Oceanografía, se encuentra actualmente prófugo, mientras que Rovirosa ya ha sido detenido y comparecido ante un juez.
Ambos empresarios enfrentan cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que impone cargos de conspiración y violaciones sustantivas, con penas que podrían alcanzar hasta cinco años de prisión por cada delito. La lucha contra la corrupción en el sector energético continúa siendo un tema crucial en México, y las autoridades están comprometidas en investigar estos casos con rigor.
