Ángel se despierta todos los días a las 6:30 de la mañana. A las siete, su mamá lo lleva por su desayuno, lo baña y después se baña ella. Si ese día puede trabajar —hacer flanes o vender algo de comida— lo intenta. Si no, abandona la idea y ambos se van a la bebeteca, el único espacio destinado para bebés y sus madres dentro del penal. Ahí pasan la mañana, salen un momento a ver las palomas y regresan hasta la hora de la comida. Por la tarde, el ciclo se repite. Así, día tras día.
Nota original realizada por Animal Político. La puedes consultar aquí: Infancias en prisión: tres años para amar y soltar entre un desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente
La escena podría parecer cotidiana. Lo que cambia todo es un detalle: Ángel vive en prisión. Y cuando cumpla tres años, tendrá que separarse de su mamá.
Britney, de 26 años, está privada de la libertad desde hace cinco años en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México. Ahí nació Ángel, quien hoy tiene seis meses. Ella lo mece, lo cuida, lo alimenta y lo acompaña en sus primeras palabras, pero sabe que el tiempo juntos es limitado.
Ángel es uno de los 311 niñas y niños que viven actualmente en algún centro penitenciario del país con sus madres. Además, hay al menos 268 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en prisión. La Ley Nacional de Ejecución Penal permite que las mujeres privadas de la libertad conserven la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años y que estos permanezcan con ellas dentro del penal, con derecho a alimentación, atención médica, educación inicial y vestimenta.
Pero cumplir la ley no siempre significa garantizar una infancia plena.
Las cárceles no están diseñadas para mujeres, y mucho menos para bebés. En Chiconautla existe un área infantil donada por organizaciones civiles: un pequeño espacio con juguetes, libros y colores que contrasta con el gris del penal. En muchos otros reclusorios del país, ni siquiera eso existe. Hay bebés que duermen junto a la población general o en condiciones de hacinamiento, sin acceso a áreas verdes, jardines o estimulación adecuada.
Ángel, por ejemplo, solo conoce a los perros por la televisión. No sabe cómo huelen ni cómo se sienten. Su mamá intenta compensar llevándolo a ver palomas, sentándolo al sol cuando se puede, inventando una normalidad dentro del encierro.
El mayor miedo de Britney no es el presente, sino lo que viene después.
Cuando los niños cumplen tres años, deben salir del penal. Si existe una red familiar que pueda hacerse cargo, el menor se va con ellos. Si no, el DIF interviene. El problema es que no hay una regla general que garantice el bienestar del niño o el mantenimiento del vínculo con la madre. En muchos casos, la separación es abrupta y definitiva.
Britney ya vivió eso antes. Tiene una hija mayor que quedó al cuidado de su abuela. La separación la marcó. No quiere repetir la historia.
Organizaciones como La Cana advierten que este momento —la separación— es el más crítico. Cuando no hay red de apoyo, los niños pueden quedar institucionalizados y dejar de ver a sus madres durante años. El vínculo materno se rompe, no por decisión, sino por falta de condiciones.
Más de 300 infancias viven hoy en esta cuenta regresiva silenciosa.
La discusión de fondo no es si los niños deben crecer en prisión. Es si el Estado está garantizando alternativas reales, humanas y caso por caso, que pongan al centro el interés superior de la niñez.
Porque para Ángel, el tiempo no es una cifra legal.
Es un reloj que avanza.
Nota original realizada por Animal Político. La puedes consultar aquí: Infancias en prisión: tres años para amar y soltar entre un desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente
