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Autor: Redacción
Título del autor: BBC News Mundo
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El adolescente que fue responsable del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay ha recibido una condena de 7 años de privación de libertad. Este anuncio fue realizado por la Fiscalía General de Colombia.
La Fiscalía comunicó que “la decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años en un centro de atención especializada”. Esta sentencia se produce tras un caso que ha captado la atención nacional e internacional.
El menor, de 15 años, admitió su culpabilidad durante la audiencia, donde fue acusado de homicidio en grado de tentativa y posesión de armas de fuego. El ataque ocurrió el 7 de junio, durante un mitin político en Bogotá, cuando el senador fue alcanzado por varios disparos, incluyendo dos en la cabeza.
Pese a que Uribe Turbay sobrevivió inicialmente al atentado, su estado de salud se agravó, y finalmente falleció el 11 de agosto debido a complicaciones severas, como una hemorragia en el sistema nervioso central.
“Respetamos la decisión”
El político de 39 años era precandidato presidencial por el partido opositor Centro Democrático. La sentencia contra el adolescente fue emitida 80 días después del ataque bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual permite procesar a jóvenes de entre 14 y 18 años con penas de hasta ocho años en instituciones especializadas.
Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, expresó en su cuenta de X que “respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató”. Criticó además la ley, afirmando que “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.
En relación al caso, el adolescente fue detenido a pocos minutos del ataque, lo que marcó el inicio de una investigación que ha llevado a la captura de cinco personas adicionales. El último arrestado fue Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, presunto líder detrás del magnicidio, que tiene un largo historial delictivo.
Según las autoridades, Chipi organizó el ataque y reclutó a los involucrados en el crimen. Además, otros detenidos incluyen a Katerine Andrea Martínez, quien supuestamente proporcionó el arma, y varios coautores logísticos del ataque.
Este caso ha despertado un amplio debate en Colombia sobre la seguridad política y el uso de menores en actividades delictivas, lo que pone de relieve las deficiencias del sistema judicial en tratar estos delitos graves.
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El seguimiento a este caso continúa y se espera que otros implicados en el atentado enfrenten la justicia. La violencia política en Colombia sigue siendo un tema crítico que requiere atención y acción eficaz por parte de las autoridades.
