El gobierno capitalino autorizó un aumento de $1.50 pesos al transporte público concesionado. El ajuste busca aliviar la crisis financiera de los transportistas, pero expertos advierten que sin una reforma estructural, el servicio seguirá siendo precario.
Un aumento tras meses de presión
Este 31 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México autorizó un incremento de $1.50 pesos a la tarifa del transporte público concesionado, luego de varias semanas de negociaciones con grupos de transportistas.
Con la nueva tarifa:
- Los microbuses y vagonetas tendrán una tarifa mínima de $7.50 pesos.
- Los autobuses costarán $8.50 pesos.
- Los corredores concesionados, $9 pesos.
El ajuste fue publicado la noche del viernes en una edición especial de la Gaceta Oficial y entró en vigor el sábado 1 de noviembre.
Desde hace meses, los transportistas exigían homologar sus tarifas con las del Estado de México, donde un viaje promedio cuesta $12 pesos. Argumentaban que el costo operativo era insostenible y que llevaban años sin aumento.
Tras bloqueos, plantones y amenazas de paro, el gobierno capitalino cedió, aunque impuso condiciones: los concesionarios deberán cumplir medidas de seguridad, mantenimiento y capacitación para conservar el aumento.
Un modelo con incentivos perversos
El transporte concesionado —microbuses, combis y vagonetas— es operado por particulares bajo permiso del gobierno. Cada unidad pertenece a un dueño o pequeño grupo que cubre los gastos de operación y mantenimiento. Los choferes, por su parte, no reciben salario, sino que pagan una cuota diaria al propietario y se quedan con lo que logran recaudar.
Este esquema genera una competencia directa en la calle —la llamada “guerra del centavo”— donde el ingreso depende de la cantidad de pasajeros captados.
El resultado: conducción agresiva, accidentes, jornadas laborales extenuantes y un servicio deficiente para millones de usuarios.
El problema de fondo es estructural: las tarifas son controladas por el gobierno pero los costos son asumidos por los particulares. Sin subsidios ni apoyo público, los concesionarios no tienen margen para invertir en unidades nuevas o mejorar el servicio.
Tarifas topadas y servicio colapsado
Antes del aumento, un viaje promedio costaba $6 pesos, mientras que el costo real por pasajero ronda los $12 a $14 pesos considerando gasolina, mantenimiento y depreciación.
Durante años, el gobierno capitalino evitó ajustar tarifas por razones políticas, pese a la inflación y el aumento del combustible. En la práctica, el modelo se volvió inviable:
- Las unidades envejecieron.
- Los choferes operan en condiciones precarias.
- Y el servicio, percibido como inseguro, sigue siendo el principal medio de transporte para las clases populares.
El incremento aprobado en octubre ofrece un respiro temporal, pero no corrige las causas del deterioro. Si no se acompaña de una reforma estructural, advierten especialistas, el sistema seguirá reproduciendo desigualdades y externalidades urbanas.
El 60% de los viajes diarios en la Ciudad de México se realizan en transporte concesionado, principalmente por trabajadores que viven en la periferia y que destinan entre 20% y 30% de su ingreso diario al transporte.
Este dato refleja el carácter regresivo del modelo actual, donde los sectores de menores ingresos pagan más por un servicio de menor calidad.
Lo que sí funciona en otras ciudades
En países como Colombia, Chile o Reino Unido, los sistemas de transporte público se modernizaron al sustituir el pago por pasajero por contratos de operación pagados por kilómetro recorrido, con subsidios y supervisión pública.
- En Bogotá, el SITP paga a las empresas operadoras por distancia y desempeño, no por cantidad de pasajes.
- En Santiago, el sistema RED ajusta tarifas automáticamente según inflación y combustible.
- En Londres, la autoridad pública define rutas, horarios y tarifas, y los operadores compiten por contratos regulados.
Estos modelos combinan control estatal, subsidios y estandarización del servicio, algo que en la CDMX aún está lejos de concretarse.
Reformar o seguir parchando
Con el aumento de noviembre, el gobierno intenta equilibrar dos realidades opuestas: aliviar la presión financiera de los transportistas sin afectar el bolsillo de los usuarios. Pero en el fondo, el modelo concesionado enfrenta una crisis estructural que no se resolverá solo con ajustes de tarifa.
Para avanzar hacia un transporte digno y sustentable, la ciudad requiere:
- Transitar al pago por kilómetro recorrido.
- Integrar las rutas concesionadas al sistema de movilidad unificado con tarjeta electrónica.
- Establecer subsidios transparentes y condicionados al cumplimiento de estándares de calidad.
- Impulsar la renovación de flota con tecnologías limpias.
Mientras eso no ocurra, la tarifa podrá subir, pero el problema seguirá siendo el mismo: un sistema que funciona bajo reglas de hace medio siglo para mover a la capital del siglo XXI.
