Por más de 25 años, Rosalinda Ávalos dedicó su vida a la investigación criminal en San Luis Potosí. Pero la búsqueda de justicia la colocó en la mira del crimen organizado y de sus propios compañeros. Hoy, tras denunciar a un excandidato a juez vinculado al asesinato de sus hijos, enfrenta amenazas, demandas y un sistema que parece darle la espalda.
Una carrera marcada por la vocación
Rosalinda Ávalos ha sido policía durante 26 años. En ese tiempo no solo trabajó en casos de feminicidios, robos y desapariciones, también se formó como abogada y madre soltera. Con su salario sacó adelante a sus tres hijos: Yajaira, que estudió Nutrición; Carlos, que se formó como chef; y Daniela, que inició Arquitectura. “Estaba orgullosa de ellos”, recuerda.
La camioneta blanca y el “Cártel de la Ministerial”
En 2020, un operativo por el robo de llantas llevó a Rosalinda a interceptar una camioneta blanca. Los ocupantes resultaron ser sus propios compañeros de la Fiscalía, hoy presos por el asesinato de sus hijos. Esa pista destapó algo mayor: una red de complicidades entre policías, ministerios públicos y el CJNG. Rosalinda lo bautizó como el “Cártel de la Ministerial”.
Denunció cómo agentes filtraban cateos, cómo ministerios públicos servían de aval para narcos y cómo órdenes de aprehensión se “congelaban” a cambio de dinero. Sus investigaciones incomodaron a demasiados.
El ataque más doloroso
El 11 de noviembre de 2020 recibió la llamada que le cambió la vida: dos de sus hijos habían sido acribillados afuera de su casa. Daniela y Carlos murieron en el ataque; Yajaira sobrevivió con heridas. Detrás estaban sicarios del CJNG, pero también policías estatales que los guiaron. Con los años, Rosalinda logró que varios fueran detenidos, pero la lista de nombres implicados ascendía a 21.
Del Congreso a las amenazas
En 2024, Rosalinda irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para denunciar que uno de esos policías, Sabas Santiago Ipiña, buscaba ser juez. Su intervención logró frenarlo: fue excluido del proceso judicial por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, el precio ha sido alto. Sabas la denunció por abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de la función pública. Hoy enfrenta una demanda civil y un oficio de investigación en su contra.
Una lucha desigual
A pesar de haber perdido a dos hijos y de seguir siendo objetivo del crimen organizado, la protección que recibió es mínima: patrullajes afuera de su casa. Rosalinda afirma que ni sus superiores en la Fiscalía la protegieron nunca. “Por ser mujer no les importé. Entre los hombres sí se protegieron, pero a mí no”, dice.
El reflejo de un sistema
La historia de Rosalinda Ávalos no es solo la de una madre que busca justicia. Es también la radiografía de un sistema en el que el crimen organizado y la corrupción se entrelazan, donde quienes denuncian terminan perseguidos, y donde una mujer policía carga sola con el costo de enfrentarse a ese entramado.
